En las últimas horas se ha generalizado la conversación en torno a las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Aunque era un debate abierto hace varias semanas, se intensificó cuando este miércoles 5 de mayo el presidente de Estados Unidos Joe Biden se declaraba partidario de liberar esas patentes con el objetivo de facilitar la producción de las vacunas en los países en vías de desarrollo.
En concreto, el gobierno estadounidense ha señalado que apoyará la petición que hicieron en octubre India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la que recordaban a todo el mundo, especialmente a los países desarrollados (los que más avanzados van en sus programas de vacunación masiva), que hasta que todo el mundo esté a salvo del SARS-CoV-2, en realidad nadie lo estará del todo.
Para explicar cuál es la situación y qué impacto tiene sobre la salud pública global, aquí van unas cuantas preguntas y respuestas sobre el tema.
¿Qué está pasando con las patentes de las vacunas contra la COVID-19?
El 2 de octubre de 2020, India y Sudáfrica presentaron ante la OMC una petición de «Exención de determinadas disposiciones sobre los ADPIC [Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio] para la prevención, contención y tratamiento de la COVID-19».
En la práctica, lo que estos dos países pedían era que durante un tiempo determinado, «hasta que tenga lugar una vacunación generalizada en todo el mundo, y la mayoría de la población mundial haya desarrollado inmunidad» se suspendiesen las patentes que a día de hoy limitan la producción de medicamentos, vacunas y medios de prevención de la COVID-19 a aquellos que tengan el permiso de los dueños de las patentes. El objetivo al buscar esa suspensión es que se flexibilice quién puede fabricar estos medicamentos y equipamientos, principalmente las vacunas, de forma que se acelere la producción y su aplicación a la población, especialmente en los países en vías de desarrollo que son los que avanzan más despacio.
Más de 60 países copatrocinaron esta petición y un centenar han firmado ya la petición, entre ellos la mayoría de los países con las rentas más bajas del mundo. «La exención no cuenta con el apoyo de varias naciones ricas como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Brasil, Australia, Noruega, Suiza y la Unión Europea», señalaba hasta ahora Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones que apoya esta iniciativa.
Sin embargo este miércoles 5 de mayo, Estados Unidos ha cambiado su postura y ha anunciado que apoyará la medida ante la OMC. En un comunicado de la representante estadounidense de Comercio Exterior, Catherine Tai, ha declarado que «la Administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero con el objetivo de terminar con esta pandemia apoya la exención de esas protecciones para las vacunas de la COVID-19».
¿Cuál es la posición de España y de la Unión Europea?
Tras pronunciarse Estados Unidos el debate se ha intensificado y en las horas siguientes se han pronunciado otros países, entre ellos España. El jueves 6 de mayo, España anunció su intención de llevar a la Cumbre Social Europea que empieza el viernes 7 de mayo una propuesta en el mismo sentido, el de liberar las patentes de las vacunas, titulada ‘Iniciativa vacunas para todos’, a la que ha tenido acceso eldiario.es y en el que expone que la propiedad intelectual «no puede ser un obstáculo para acabar con la pandemia».
El mismo jueves 6 de mayo, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha dicho que la Unión Europea (UE) «está lista para discutir» la propuesta que Estados Unidos había hecho el día de antes aunque las posturas dentro de la UE son variadas. Angela Merkel, la canciller alemana, se opone a esta medida, lo cual es un problema porque la OMC debe actuar por consenso. Sin embargo, en el mes de febrero Ursula von der Leyen se posicionaba en contra de esta medida en un encuentro a puerta cerrada que relata aquí El País: «Yo no soy amiga de retirar los derechos de propiedad intelectual. Lo que necesitamos son las vacunas».
También la posición española supone cierto cambio de postura: el pasado 18 de febrero, la ministra de Sanidad Carolina Darias declaraba en la comisión de Sanidad en el Congreso: «frente a algunas consideraciones que aquí se han realizado, yo quiero decir que España comparte la posición de la Comisión Europea, que no es partidaria de reformar el sistema de patentes» (a partir de 2:59:50).
¿Por qué es necesario acelerar la vacunación?
Muchas voces llevan meses advirtiendo de que la pandemia de COVID-19 no estará controlada hasta que contemos con una inmunidad de grupo global que frene la aparición de posibles variables que puedan ser resistentes a las vacunas. Cuanto más alto sea el porcentaje de personas vacunadas y más rápido se consiga, menos riesgo habrá de que esto pase.
Pepe Alcamí, virólogo e investigador del Instituto Carlos III de Madrid, explica a Maldita Ciencia que «una vacuna levanta una barricada en una carretera y dificulta el paso del virus. Este es su efecto. Ante ese bloqueo, algunas variantes del virus adquieren la capacidad de dejar la carretera y seguir campo a través».
El virólogo explica que cuando los virus se replican y se diseminan mucho, es cuando tienen más posibilidades de mutar. En este sentido, «cuando estemos el 80-85% vacunados, al virus le será muy difícil generar variantes de escape a la vacuna porque necesita replicarse mucho para encontrar la combinación de resistencia». Para evitar el primer escenario hay que «vacunar a toda la población lo más rápido posible» y «controlar el virus» con las medidas de prevención, según apunta Alcamí.
El problema es que ahora mismo esa velocidad de vacunación no es suficiente. En el citado informe de MSF se recopilan varias investigaciones (como esta del Instituto de Salud Global de la Universidad de Duke o esta de la Universidad Johns Hopkins) que señalan que gran parte de la población mundial no tendrá acceso a las vacunas en este año 2021, o incluso que podría tener que esperar a 2024, si el esquema de producción y distribución de las vacunas continúa como hasta ahora, con los países desarrollados acumulando más dosis de las que necesitan. Los países ricos representan un 14% de la población mundial y han comprado hasta el 53% de las vacunas con mayor eficacia demostrada por el momento, según ese informe. «Esta desigualdad tendrá importantes consecuencias. Una proyección de la Northeastern University de Boston afirma que si los primeros 2.000 millones de dosis de vacunas se distribuyeran en proporción a la población de los países, la mortalidad mundial podría reducirse en un 61%. En cambio, si los 47 países más ricos acaparan las dosis, la reducción será de un tercio» se lee en el informe de MSF.
Esto «es relevante para todos porque por un lado permitiría en un plazo determinado de tiempo, incrementar la capacidad de producir más vacunas, haciendo que la población más vulnerable a nivel mundial pudiera ser vacunada. Por otro lado, todos los seres humanos tenemos derecho a la salud, como parte de la declaración de derechos humanos, y el acceso a medicamentos y vacunas está recogido como parte fundamental para satisfacer ese derecho a la salud», señala a Maldita Ciencia Adrián Alonso, investigador en nuevos modelos sobre gestión de la innovación y acceso global a medicamentos en el Centro de Salud Global en Ginebra, Suiza.
¿Para qué serviría liberar las patentes de las vacunas?
En un contexto como el generado por el coronavirus, liberar las patentes permitiría entre otras cosas que cualquiera pudiese fabricar lo patentado (en este caso, las vacunas y otros medicamentos y productos para prevenir o curar la COVID-19), o importar una versión genérica, sin permiso y sin tener que pagar por ello a los dueños de las patentes. El objetivo ideal sería aumentar la producción mundial de vacunas contra la COVID-19 para acelerar su aplicación en todo el mundo y avanzar más rápidamente hacia la inmunidad colectiva.
Francisco Javier Pérez Trujillo, investigador del departamento de Ingeniería Química y de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), indica a Maldita Ciencia que el propietario de la patente puede elegir si explotarla o permitir que la explote un tercero. «Se estima que del grueso de patentes, solo un 10% aproximadamente llegan a licenciarse o a explotarse, en el mejor de los casos. Varía también por años y por áreas tecnológicas», comenta Pérez, que fue fue director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM. *
Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras, defiende ante Maldita Ciencia que «la exención de propiedad intelectual permitiría a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19 mientras dura la pandemia, hasta que se logre la inmunidad de grupo mundial».
Sin embargo, todas las fuentes consultadas coinciden en que esto no sería un efecto inmediato ni se conseguiría con una sola medida. «No vamos a ser ilusos ni a pensar que de la noche a la mañana se multiplicarían el número de dosis pero, desde luego, en el medio plazo sí permitiría la entrada de nuevos productores y se aumentaría el suministro», asegura González. De hecho, señala que la propuesta de Estados Unidos se refiere sólo a las vacunas y no a los medicamentos de tratamiento: «Es una pena porque si hay una clase de herramientas que podría beneficiarse rápidamente de una exención de patentes son los medicamentos de moléculas pequeñas».
Volviendo a las vacunas, en opinión de Julio Martín, consultor farmacéutico e investigador empleado hasta hace un año en una gran compañía farmacéutica (ninguna de las que ha desarrollado una de las actuales vacunas contra la COVID-19) «a corto plazo no creo que sea la solución. Llega tarde. Hay que hacer un buen análisis del problema del acceso a la vacuna por países y poblaciones sin recursos económicos suficientes. ¿Cuál es la causa raíz? ¿Fabricación, distribución, dinero, cooperación internacional…? Y en función de eso buscar soluciones».
Alonso explica la complejidad de este problema con una metáfora: «Digamos que si fabricar vacunas para la COVID-19 fuera como cocinar, el plato es complicado de hacer y levantar las patentes permitiría utilizar parte de los ingredientes, pero aún necesitarías tener acceso al libro de recetas y a las herramientas para fabricar los utensilios de cocina. Además, hay mucha demanda de ingredientes y hay veces que puede ser complicado encontrarlos». Por eso coincide en que levantar los derechos de propiedad intelectual es parte de una serie de medidas más «que deben irse tomando de ahora en adelante para aumentar la capacidad de producción».
¿Qué otras opciones inmediatas existen? Exportaciones y licencias
Si liberar las patentes no será una solución rápida a la desigual distribución de las vacunas en todo el mundo, ¿qué más se puede hacer mientras tanto? Existen otras medidas, como fomentar las exportaciones y la concesión de licencias.
Las primeras han sido hasta ahora la opción impulsada por la Unión Europea, frente a la posición de Estados Unidos que por ahora ha preferido retener todas las dosis producidas en su territorio para uso doméstico. De hecho, en sus declaraciones del jueves 6 de mayo, la presidenta de la CE añadía, tras declarar que estaba lista para discutir la liberación de las patentes, que el foco debería ponerse en las exportaciones: «Hacemos un llamamiento a los países productores de vacunas para que permitan la exportación y eviten medidas que interrumpan la cadena de suministro».
Otra posibilidad son las licencias, los permisos que las compañías negocian y otorgan, caso por caso, para que sus patentes puedan ser utilizadas por otros actores cumpliendo una serie de condiciones. Esta sería, según Martín, una alternativa intermedia a la suspensión de las patentes ya que permitiría evitar un potencial problema de falta de controles si la patente queda libre y cualquiera puede producir las vacunas. «¿Quién aseguraría la calidad en ese caso? ¿Cómo nos aseguramos de que no haya una vacuna peor y otra mejor cuando tendrían que ser iguales?».
Pero por otro lado el mecanismo de las licencias puede ser más lento, necesitando un tiempo para negociar cada licencia de cada patente que en un momento de pandemia es escaso. «Lo ideal habría sido gestionar esto antes, en el momento de firmar los acuerdos de compra con las farmacéuticas», señala Martín, incluyendo en esos contratos las condiciones por las que las compañías tendrían que hacer sus desarrollos más accesibles.
Alonso menciona otras opciones al alcance de los gobiernos e instituciones para acometer el problema ahora: «Existe una serie de herramientas políticas que deben utilizarse y que llevan proponiéndose más de un año ya. La participación en pools de patentes donde la industria recibiría una compensación económica a cambio de permitir que otros fabricantes utilizaran su tecnología y conocimientos patentados, la compra y abastecimiento de vacunas desde COVAX (Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19), la firma de licencias voluntarias entre compañías, incluso la compra de las patentes por parte de países».
Para Pérez, liberalizar las patentes no sería una buena solución: “Desde mi punto de vista lo más eficiente es que los gobiernos pagarán a las farmacéuticas el coste del desarrollo de la vacuna a cambio de bajar el precio a niveles simbólicos, por ejemplo a países en desarrollo”. El experto considera que liberarlas sin más iría en contra de la ley internacional de patentes y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
¿Esto se ha hecho antes? El caso del sida
No es la primera vez que el acceso desigual a medicamentos y productos farmacéuticos se convierte en objeto de debate público global y se plantean soluciones y medidas para evitarlo. Como recordaba la divulgadora Esther Samper, en 1998 Sudáfrica promulgó una ley por la que suspendía las patentes de los medicamentos antirretrovirales que necesitaban los miles de afectados por la epidemia del sida en el país, de forma que pudiesen importarse por un precio menor que el impuesto por las compañías farmacéuticas dueñas de las patentes.
La medida que tomó Sudáfrica tuvo un enorme impacto en el precio y por tanto el acceso a estos medicamentos. Antes de esa ley, el precio por la combinación de los tres medicamentos necesarios para tratar la enfermedad era de 10.000 dólares por persona al año, según datos de MSF, lo que dejaba el tratamiento fuera del alcance de miles de afectados. Tras las medidas de suspensión de las patentes se favoreció la importación de genéricos que reducían el precio a unos 70 dólares al año por persona, según cuenta Eric Goemaere, coordinador de MSF en Sudáfrica, en esta entrevista en El País.
«En 2001, la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública recogía el derecho de los gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar las patentes y otras barreras de propiedad intelectual para priorizar la salud pública frente a los intereses comerciales. La solicitud de exención actual dirigida a la OMC es un paso similar para acelerar la respuesta a la COVID-19«, concluye González.
* Actualizado el 11 de mayo de 2021 con declaraciones de Francisco Javier Pérez Trujillo, investigador del departamento de Ingeniería Química y de Materiales y exdirector de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense de Madrid.
Primera fecha de publicación de este artículo: 07/05/2021
